El concurso de acreedores: La declaración

El procedimiento para la declaración de una sociedad mercantil se establece en la Ley Concursal 22/2000 que entró en vigor el 1/9/2004. Las consecuencias sobre los contratos de trabajo se establecen en el art. 64.
La Ley  Concursal acabó con los procesos de suspensión de pagos y quiebra de empresas y estableció el concurso de acreedores como vía para resolver las situaciones de insolvencia.
En estos casos, las empresas con falta de liquidez deben presentar voluntariamente un concurso antes de que se agoten todos sus activos y dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia.
La nueva Ley también supone grandes responsabilidades para directivos y empresarios. Se endurece la obligación de ir a concurso cuando su empresa se encuentre en situación de insolvencia o ésta sea inminente. Los administradores pueden incurrir en gravísimas responsabilidades en caso de una inadecuada gestión empresarial, pudiendo repercutir incluso en su propio patrimonio personal.
Al igual que la legislación anterior el concurso sigue siendo un proceso judicial que se inicia a petición de parte, pudiendo presentar la solicitud tanto el deudor como sus acreeedores u otras personas a las que la Ley atribuye legitimación.
Los supuestos para iniciar el procedimiento de concurso de acreedores en España son de varios tipos:

• Presupuestos subjetivos de la declaración de concurso

• Que el deudor sea persona natural o jurídica, o un patrimonio de los admitidos como sujetos pasivos de este procedimiento. Ya no es necesario ostentar la condición de comerciante

• El patrimonio admitido es la herencia que podrá declararse en tanto no haya sido aceptada pura y simplemente por los herederos".

• Se excluye a las entidades que integran la organización territorial del Estado, los organismos públicos y demás entes de derecho público. Esta regulación es más restrictiva que la anterior.

• Presupuestos objetivos de la declaración de concurso.

• Que el deudor se encuentre en estado de insolvencia considerada como la imposibilidad de cumplir regularmente sus obligaciones

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