El concurso de acreedores del grupo de sociedades

El procedimiento utilizado para la declaración de concurso de una sociedad mercantil se establece en la Ley Concursal (ley 22/2003 de 9 de julio) que entró en vigor en el año 2004. Esta ley estableció el concurso de acreedores para resolver las situaciones de insolvencia. Las empresas con falta de liquidez deben presentar un concurso de forma voluntaria antes de que se puedan agotar todos sus activos y dentro de los meses siguientes a la fecha que hubiera conocido o debido conocer por su estado de insolvencia. La nueva Ley supone responsabilidades para directivos y empresarios. Se endurecerá la obligación de ir a concurso cuando su empresa se encuentra en situación de insolvencia o ésta sea inminente. Los administradores podrán incurrir en graves responsabilidades en caso de una inadecuada gestión empresarial, pudiendo incidir en su propio patrimonio personal. Igual que la legislación anterior el concurso sigue siendo un proceso judicial que es iniciado a petición de parte, pudiendo presentar la solicitud tanto el deudor como sus acreedores. Si la solicitud inicial es formulada por el deudor o por persona distinta tiene importantes consecuencias, distinguiéndose según quién presente la solicitud entre concurso voluntario, si se solicita por el deudor o concurso necesario instado por otros legitimados distintos del deudor. El empresario debe actuar de forma diligente y presentar una solicitud de concurso cuando prevea la insolvencia o en el momento de que ésta se produzca con el fin de tener una posición de protección legal ante las acciones que puedan plantear sus acreedores.